Dos sistemas económicos, dos visiones del mundo, capitalismo y comunismo o lo que es parecido, sector público frente a sector privado se plantean siempre como soluciones antagónicas para solventar los problemas de nuestra sociedad.
Ninguno de estos dos extremos son buenos, pues si es cierto que con la privatización de la economía se logra una mayor competencia que se traduce en más innovación, empleo, crecimiento y abaratamiento de los precios, también lleva a una espiral de deshumanización en el que las personas son tratadas como mercancías o consumidores, donde predomina la inseguridad, aumentan las desigualdades en el reparto de los recursos, se producen crisis económicas sucesivas y se agotan los recursos esquilmando el medio ambiente en una psicología depredadora y a la larga autodestructiva del ser humano y de la vida en la Tierra en la que unos cuantos poderosos son los dueños de todos los bienes y una mayoría de la población mundial vive en la más absoluta miseria.
En un sistema totalmente público y centralizado en el que todo viene determinado y organizado por el Estado se cae en el anquilosamiento, en la disfuncionalidad, en la falta de productividad, en el desarrollo de duplicidades, burocracias, el totalitarismo de un monstruo cuyos engranajes no son capaces de satisfacer las necesidades de una población en la que el individuo es estigmatizado y deshumanizado en tanto que convertido en una pieza más de un monstruo mastodóntico sin alma que es dirigido en la sombra por la voluntad de unos pocos tecnócratas.
El capitalismo venció al comunismo, pero los problemas medioambientales, las desigualdades sociales y la pobreza extrema del tercer mundo continúan sin resolverse, y cuando los ricos han creado la mayor crisis económica de los últimos tiempos siendo además plenamente conscientes de ello, han sido los gobiernos quienes con el dinero de todos, es decir el de los ciudadanos han salvado las empresas y los bancos que los ricos habían arruinado buscando su propio beneficio, sin que sus fortunas privadas se vieran afectadas en lo más mínimo. Es lo que se ha venido a definir como "privatizar los beneficios y socializar las pérdidas".
Después del huracán vemos que nada ha cambiado, continúa la desregularización económica, los paraísos fiscales, y un sistema impositivo que asfixia a las clases medias y beneficia a las grandes fortunas. Si el dinero ya no tiene fronteras la política continúa moviéndose en unas estructuras decimonónicas, el Estado-Nación es una construcción inviable incapaz de solucionar por si mismo y de forma independiente los grandes retos y problemas que una economía global les plantea diariamente, la ONU no deja de ser una asociación más folclórica que efectiva sin capacidad de gestión ni liderazgo, y mientras tanto se constituyen grupos de Estados como el G-8, el G-20, y otras macrobloques que como la UE o UNASUR, tratan de imponer políticas y tomar medidas de forma unilateral y dicho sea de paso, completamente ajena a la Democracia.
¿Qué influencia real tiene la población mundial sobre las decisiones que toman 6 ó 7 líderes políticos y que afectarán a todo el planeta? Si la economía ya no es dirigida por los gobiernos de los Estados, sino que depende de la voluntad y de los organismos internacionales, ¿A qué esperamos para llevar la democracia a esos mismos organismos e instituciones? Si la economía ha roto para siempre las fronteras, la política y la sociedad deben hacer lo mismo, sin embargo, parece que todavía estamos encerrados en banderas y escudos nacionales a la hora de reaccionar a decisiones que nos afectan a todos por igual aunque de maneras muy distintas.
Pero ese no es propiamente el tema de este artículo. Sino de cómo el sector público y el privado podrían dar un salto cualitativo en el que se mezclen por el bien común. La máxima es bien sencilla en la teoría pero de difícil aplicación en la práctica, y es que frente a la corriente neoliberal que predica el desmantelamiento de todo lo público y la privatización de toda la producción y los servicios de la sociedad llegando incluso a los extremos de la sanidad y la educación, los pilares básicos de todo Sistema del Bienestar, es justo la vía contraria la que podría acabar con las desigualdades y asegurarnos un mundo mejor. ¿Pero cualquier sistema público? Se ha demostrado que las empresas públicas son a la larga inviables e improductivas, pero en lugar de lanzarnos a su desmantelamiento no hubiera sido mejor preguntarnos el ¿Por qué lo son y cómo solucionar ese problema?
La respuesta es sencilla, las empresas públicas no pueden tratar a sus trabajadores como a "funcionarios" sino como cualquier empresa privada trataría a sus empleados, esto es, sacándoles el mayor rendimiento posible. Los sindicatos se han cebado en sus exigencias en las empresas públicas hasta destruirlas, y son en buena medida los principales culpables de su desaparición. Las empresas públicas deben primar la productividad y ser efectivas, para que sus ingresos vayan a engrosar las arcas públicas del Estado y ello se traduzca en una mayor bienestar para la población, lo que no puede ser es que funcionen a modo de "guarderías" o de "asistencia social" de unos trabajadores que tratan de escaquearse todo cuanto pueden en su trabajo, que tratan a la ligera los recursos materiales y derrochan como locos, algo que en una empresa privada ni tan siquiera podrían soñar.
Las empresas públicas deben de tener una gestión privada, cuyos cuadros directivos ganen un sueldo en función a la productividad y rentabilidad de las mismas con vía libre para contratar o despedir libremente a los trabajadores, los cuales de ninguna manera puedan ser "funcionarios", por lo tanto se les deberá exigir puntualidad, esfuerzo, en definitiva productividad, y competir de forma efectiva en un mercado agresivo. Los beneficios producidos por las empresas públicas deben dividirse entre el Estado y los cuadros que las dirigen. El objetivo no es que las empresas públicas crezcan y sean poderosas para dar trabajo a mucha gente, sino hacer que ganen mucho dinero para llenar las arcas públicas del Estado.
La ola neoliberal desmanteló y privatizó todas las empresas públicas de Europa que quedaron en manos de unos cuantos ricos, se despidieron o se jubilaron a cientos de miles de trabajadores, el Estado perdió cuantiosas fuentes de ingresos y en manos privadas se mostraron muy rentables pero esa riqueza en lugar de ser para todos (el Estado) era solo para los ricos. Sin embargo, si la empresa tenía problemas es el Estado quien tiene que afrontar los rescates y darles ayudas especiales para evitar que despida a todos los trabajadores. Una vez más nos encontramos aquí con "privatizar beneficios y sociabilizar pérdidas". El Estado cada vez más pequeño, sin fuentes de ingresos, incapaz de dar asistencia social y teniendo que socorrer al sector privado. ¿No sería mucho mejor un Estado con empresas públicas fuertes que le den grandes beneficios para poder invertirlos en el bienestar de todos? Pero claro para que esto sea posible es imprescindible y necesario un cambio de mentalidad total y absoluto:
Las empresas de titularidad pública deben funcionar exactamente igual que las empresas privadas. Sus trabajadores deben tener los mismos derechos que otros trabajadores de empresas privadas, repito, no pueden ser funcionarios. ¿Acaso es rentable continuar manteniendo los astilleros o la minería asturiana? Esas empresas deberían haber desaparecido hace décadas por improductivas, y sin embargo, malviven a costa de subvenciones pagadas por todos los contribuyentes para evitar huelgas y problemas sociales. El Estado no puede actuar como nodriza de sus empresas públicas, ni como salvavidas de grandes empresas privadas que por su impronta sobre el empleo (por ejemplo las automovilísticas) produciría graves problemas sociales... si pensamos así estamos matando a la larga al Estado.
¿Acaso es justo que el Estado rescate a una gran multinacional porque da empleo a miles de trabajadores y no rescate mi pequeño negocio sencillamente porque ellos sean más numerosos? ¿No somos todos iguales y tenemos unos mismos derechos? No, el Estado no debe estar para eso, el Estado debe dejar que una empresa quiebre o se rompa sin mover un dedo, su actuación debe limitarse a pagar el desempleo a los trabajadores que se queden en paro y a juzgar con leyes severas a aquellos cuya gestión llevó a esa quiebra obligándoles a pagar todas las deudas contraídas con su patrimonio.
Los directivos de las empresas públicas deben actuar como si la empresa fuera efectivamente suya de manera que sus beneficios suban o bajen en función de los resultados obtenidos, y si la empresa no va bien, no hay que dudar en desmantelarla y cerrarla sin miedo a huelgas, ni a piquetes, se trata de una empresa no de una ONG. Debemos superar la idea de que lo "público" debe de actuar como una ONG, una cosa es el Estado que debe de velar por nuestro bienestar, y otra muy distinta deben de ser las empresas del Estado que sólo deben buscar su propio beneficio y no el de sus trabajadores. Lo público no es gratis.
La sanidad y la educación deben ser públicas. Las empresas CONCERTADAS.
No hay comentarios:
Publicar un comentario